A la autoridad económica le cabe determinar por qué el mercado de los medicamentos funciona de manera imperfecta, lo que fomenta que los municipios recurran a este tipo de soluciones.
A la autoridad económica le cabe determinar por qué el mercado de los medicamentos funciona de manera imperfecta, lo que fomenta que los municipios recurran a este tipo de soluciones.
LA ENCUESTA CEP muestra, tal como ha sido la tónica en la última década, que la salud sigue siendo una de las principales preocupaciones de la población. En ese contexto, varios alcaldes han adherido al modelo de “farmacias populares”. La iniciativa comenzó el año pasado en Recoleta, y desde entonces alrededor de cien comunas operan o planean abrir este tipo de recintos. Ahí se cuentan también municipios de altos ingresos y dirigidos por ediles de todos los partidos que, entendiendo la importancia del tema salud entre sus vecinos y la rentabilidad electoral de este tipo de iniciativas, las privilegian por sobre medidas alternativas que podrían tener un mayor impacto en la salud de las personas como, por ejemplo, contratar más horas de médicos que ayuden a disminuir listas de espera o abocarse a tareas que, siendo también prioritarias, muestran sus efectos en el largo plazo, como educación.
Más allá de la conveniencia que tienen las farmacias municipales desde el punto de vista del mejor uso de los recursos, ellas se han popularizado debido a que, efectivamente, logran ofrecer precios que, según se ha informado, son hasta 10 veces menores que los vigentes en farmacias privadas. Esta diferencia en precios se explica gracias a subsidios municipales, ahorros asociados a compartir infraestructura y, fundamentalmente, la posibilidad de comprar directamente a Cenabast. Es este último punto el que ha permitido el surgimiento de las farmacias municipales, marcando diferencia con otros sectores como vestuario o alimentación, donde los municipios no tienen acceso a un proveedor que les entregue productos a precios preferenciales, ni su escala es suficiente para competir con las cadenas establecidas. A ello se suma el impedimento que estableció la Contraloría en el caso del “supermercado popular”, a propósito de una iniciativa que se pretendía llevar a cabo en Tocopilla.
A la luz de lo anterior es que la autoridad a cargo de velar por la competencia económica debiese abocarse a estudiar cuáles son las razones que permiten al Cenabast adquirir fármacos a los laboratorios fabricantes de medicamentos a precios inferiores a los que accede el sector privado. Si el ente gubernamental, aprovechando el mayor volumen de compras que realiza para abastecer al sistema de salud pública -u otras razones adecuadamente justificadas- logra mejores precios, sería conveniente que existiera la posibilidad que tanto los municipios como el sector privado pudieran abastecerse a través de dicha institución. Ello se traduciría en menores precios al consumidor final, independientemente de dónde realice la compra. Por el contrario, si los laboratorios están realizando algún tipo de discriminación arbitraria en los precios que ofrecen a sus distintos clientes, se debiera investigar si incurren en prácticas que limiten la competencia y, de esa forma, el acceso a precios más competitivos.
Los alcaldes tienen derecho a distribuir recursos municipales de modo de atender las múltiples necesidades de sus vecinos. Serán estos últimos quienes evaluarán si esa política es prioritaria y si es el método más efectivo para enfrentar sus necesidades en el ámbito de salud. Sin embargo, al gobierno le corresponde velar porque exista un ambiente competitivo, a nivel de farmacias y laboratorios, que vaya en beneficio de todos quienes requieran de medicamentos.
Fuente: www.latercera.com
