Domingo, Abril 21, 2019

El Ejecutivo volvió a proponer una medida del primer período de Piñera, la oposición rechazó idea. Pero el Gobierno insistirá.

No es la primera vez que el Presidente Piñera lo intenta. Y está cerca de volver a perder. La tarea de terminar con el monopolio que hoy tienen las farmacias para vender cualquier tipo de medicamento se encontró nuevamente con la oposición de sectores que ven con malos ojos la posibilidad de que tiendas minoristas puedan vender fármacos que no requieren de receta médica.

En la que fue conocida como Ley de Fármacos I, aprobada hacia el final del primer gobierno de Piñera, el objetivo de reducir el precio de los medicamentos no se logró y una fallida implementación de la bioequivalencia terminó sacando del mercado casi 200 remedios que prefirieron, simplemente, no pasar por ese proceso. Tampoco se logró que otros actores del retail pudieran venderlos.

Aproximadamente un año después de la aprobación de dicha ley, en marzo de 2015 entró otro proyecto —de un grupo de senadores entre los que se encuentran el PPD Guido Girardi y el RN Manuel José Ossandón— hoy conocido como “Fármacos II”. El proyecto fue aprobado en el Senado en enero del año pasado y a dos meses de su regreso a La Moneda, la administración Piñera repuso (vía indicaciones) la idea de quitarle la exclusividad de la venta de medicamentos a las farmacias, indicación que fue rechazada por la comisión de Salud de la Cámara. Sin embargo, el ministro de Salud, Emilio Santelices, advirtió “vamos a insistir en esa indicación. Hay que tener un solo objetivo y no confundirse, que baje el precio de los remedios, generar todos los mecanismos para que haya mayor competencia y transparencia” y comenta el propósito es “disminuir el gasto de bolsillo para los ciudadanos, cualquier otro tipo de fundamentación sobre esta materia es secundaria”.

La propuesta
Esta indicación será nuevamente la piedra de tope para un proyecto de ley que en sus otros aspectos centrales cuenta con el respaldo de la comisión que preside el PS y expresidente del Colegio Médico Juan Luis Castro (ver recuadro).

Y aunque es cierto que los remedios sin receta hoy no son parte significativa del gasto de las familias en fármacos (el grueso está en los innovadores), Claudio Lucarelli, experto en economía de la salud y profesor de la Universidad de Pennsylvania, cree que habrá mayor competencia, bajarán los costos e incentivará la entrada de nuevos actores. En ello coincide el diputado UDI Javier Macaya, quien es miembro de la comisión, que ayer despachó el proyecto y que antes de ir a la Sala debe ser revisado por la comisión de Hacienda.

Pero eso no convence a los parlamentarios de oposición, quienes rechazaron en bloque la indicación del Gobierno. “Este no es un proyecto de ley para promover el consumo de los medicamentos. Es para asegurar el acceso a precio razonable de distintos tipos de remedios, sobre todo los más caros. Y la señal pública que das con medicamentos en góndolas es de ‘vamos a consumir'”, explica Miguel Crispi, diputado del Frente Amplio y quien forma parte de la comisión.

En la misma línea, Castro cree que efectivamente no se logra bajar los precios con la inserción de retailers en la venta de estos remedios y que “potencia la automedicación de la población en general”. Similar postura sostiene Daniel Verdessi, diputado DC, quien agrega que les preocupa el uso indiscriminado de fármacos y las posibles intoxicaciones que eso podría conllevar.

¿Riesgo de automedicación?
Sin embargo, el argumento del abuso en el uso de los remedios no es compartido. Lucarelli, pone un ejemplo: “Los supermercados ya venden gran cantidad de químicos que mal utilizados pueden ser dañinos para la salud (productos de aseo), pero tienen instrucciones claras de uso que disminuyen esos riesgos. Lo mismo debería ocurrir con los medicamentos”, agregando que estos deben “cumplir con requisitos de seguridad que minimicen los riesgos de abuso y que traten un problema de fácil identificación que no requieran de la supervisión de un profesional de la salud”.

En el caso de los parlamentarios de Chile Vamos de la comisión de Salud, consideran de suma importancia incorporar más actores para que haya mayor competencia. Jaime Bellolio (UDI) señala que los argumentos de la oposición carecen de fundamentos pues, “si el tema es la automedicación, es bien absurdo porque hoy día hay una farmacia al lado de la otra, donde no existe ninguna restricción de compra de medicamentos”, comenta. Consultado sobre los riesgos de automedicación el ministro Santelices asegura que “la población hoy en día tiene mayor conocimiento que las personas que plantean estas amenazas”.

Ante la posibilidad de que el gobierno reponga la indicación, Bellolio cree que podría aprobarse fundamentalmente por “esos diputados que son de zonas más aisladas, que saben que hay pocas farmacias y estaría la disponibilidad de productos necesarios para las familias”. Pero la oposición es tajante. Castro insiste en que es “difícil que se revierta esta decisión”.

Las otras medidas que contempla el proyecto Receta por DCI y Observatorio Nacional de Medicamentos

Donde sí hay acuerdo entre los diputados de la comisión de Salud es en otras áreas del proyecto. Entre las más relevantes está el Observatorio Nacional de Medicamentos, que permitirá entregar más información de precios a los usuarios y monitorear los valores que cobran los laboratorios, buscando avanzar en transparencia en este mercado.

Por otro lado, se establece la obligatoriedad de recetar utilizando la Denominación Común Internacional (DCI), que se traduce en más opciones para los consumidores a la hora de comprar un medicamento y no sólo optar por una marca específica. Según Claudio Lucarelli, de la Universidad de Pennsylvania, “en países en que se han implementado medidas similares ha resultado en mercados genéricos más competitivos y sustituciones desde productos innovadores (más costosos) a genéricos”.

Actualmente en Chile, la participación de mercado de medicamentos “genéricos de marca” (innovadores cuya patente expiró y se siguen comercializando con la marca) es mayor a la que tienen en países como EE.UU., donde no llegan al 5%, agrega el académico.

Fuente: http://impresa.lasegunda.com