Miércoles, Noviembre 14, 2018

Dos días antes del cambio de gobierno, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que derriba la patente de un eficaz medicamento contra la Hepatitis C y que permitiría bajar los precios de un tratamiento que hoy cuesta hasta $25 millones. La resolución está parada debido al fuerte lobby de los laboratorios ante el gobierno, estrategia que incluye la vocería de un ex subsecretario de Economía de la ex presidenta Michelle Bachelet y la asesoría del abogado Francisco Zúñiga, connotado colaborador de la administración de la ex mandataria. A los laboratorios les preocupa que este sea el primer paso para liberar otras patentes farmacéuticas vigentes en Chile.

El 9 de marzo, dos días antes de que se iniciara el segundo gobierno de Sebastián Piñera, la entonces ministra de Salud, Carmen Castillo, firmó una resolución que, en los hechos, termina con el monopolio que ejerce el Laboratorio Gilead (estadounidense) sobre la venta en Chile de un eficaz y nuevo tratamiento para la Hepatitis C. Más de 50 mil chilenos padecen esa infección, la que, de no ser tratada, puede derivar en cirrosis hepática, cáncer y causar incluso una dolorosa muerte.

A pesar de que el moderno tratamiento está disponible desde 2015, siguen muriendo chilenos afectados por Hepatitis C. ¿La razón? El sofosbuvir, componente clave del tratamiento, puede costar $25 millones en farmacias. Fue patentado por el Laboratorio Gilead, que es, por tanto, el único autorizado para su comercialización en Chile. Ese monopolio explica el alto costo de la medicina.

La decisión de la entonces ministra Carmen Castillo puso en jaque ese monopolio y encendió la alerta roja en la industria farmacéutica, la que de inmediato planificó una agresiva estrategia para anularla.

La resolución abrió -por primera vez en Chile- la puerta a que otros laboratorios vendan este y otros medicamentos, a pesar de estar patentados. Lo hace a través de una “licencia obligatoria”, que bajaría drásticamente los precios. Esto, porque la ley faculta al Estado a pasar por sobre una patente por razones de salud pública o emergencia sanitaria. De aprobarse esta resolución, sería la primera vez que se aplica esta norma, vigente desde 2005.

Un ejemplo de lo que ocurre cuando la patente es “derribada”: en India, donde se comercializa como genérico, el mismo tratamiento para la Hepatitis C puede conseguirse por $1,5 millón, 16 veces más barato que en Chile.

El lobby que desplegó la industria farmacéutica en Chile y en el extranjero ha sido efectivo. A casi cinco meses de la firma de la resolución, su trámite está congelado. El Laboratorio Gilead, dueño de la patente, presentó dos recursos ante el Ministerio de Salud que paralizaron la tramitación de la “licencia obligatoria”. La amenaza que esgrimen los laboratorios es que si Chile la aprueba, puede ser castigado por organismos internacionales por vulnerar tratados comerciales.

CIPER accedió a documentos internos de la Cámara de Innovación Farmacéutica (CIF), que agrupa a laboratorios multinacionales con presencia en Chile, y reconstruyó la ruta del lobby que ha ejercido sobre las autoridades. Al menos nueve reuniones han sostenido con los ministerios de Economía, Salud y Relaciones Exteriores.

El agresivo lobby incluye la asesoría del abogado Francisco Zuñiga (PS), un hombre cercano al gobierno de Bachelet, y la visita al país de un connotado lobista estadounidense, Carl Meacham, representando la industria de Estados Unidos. Representantes de los laboratorios se han reunido con embajadas de la Unión Europea y con la Cámara Chileno Norteamericana de Comercio (Amcham), alertando sobre las consecuencias de la decisión del gobierno. Este lobby que incluye al principal gremio empresarial del país, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) y cuenta con la asesoría comunicacional de la periodista Gloria Stanley.

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Fuente: https://ciperchile.cl