Viernes, Octubre 19, 2018

La contingencia sobre medicamentos, su acceso, uso correcto, entre otras aristas, ha marcado la pauta noticiosa de este último mes. La Ley de Fármacos 2 supone nuevos desafíos, el Instituto de Salud Pública (ISP) alertó sobre los riesgos de ignorar las fechas de vencimientos de estos productos, los altos precios en el mercado evidencian discriminaciones para el acceso a tratamientos por enfermedades crónicas –principalmente- la automedicación continúa siendo un tema de debate sanitario en Chile, en tanto los medicamentos son la principal fuente de gasto de bolsillo en salud de las personas.

Es así como un elemento transversal frente a cada uno de estos temas, ha sido encuadrar la discusión sobre el acceso a medicamentos como un problema de consumidores, instalándose de esta manera, la tesis de que el conflicto por acceso se soluciona con más información y más competencia. Pero el escenario se reduce a un asunto exclusivamente microeconómico, en que agentes individuales deben buscar maximizar sus utilidades. Un “commodity” cualquiera, cuyo acceso (o no) deber ser determinado por las fuerzas del mercado: el rol de los ciudadanos como sujetos de derecho, ha estado completamente ausente de la discusión.

Desde una mirada de ciudadanía, se ha excluido de la discusión las necesarias transformaciones a nuestro sistema sanitario para incrementar la alfabetización y la autonomía de las personas en términos de su salud. En vez de eso, el asunto se está resumiendo a un tema de entrega de información de precios a través de un comparador o a la emisión de circulares por parte del ISP, diciéndoles a los consumidores que consumir medicamentos vencidos puede ser malo para su salud.

Frente a este escenario y en una lógica de derechos, se ha evadido una necesaria discusión sobre la forma de garantizar el acceso a un bien esencial para la recuperación de la salud de las personas. Se profundiza en que el problema del acceso debe ser resuelto por los individuos, quienes deberán responder a señales de precio. Entonces, se omite de la discusión el camino para garantizar el acceso de la población a una cobertura que garantice beneficios dentro del sistema de salud. A su vez, se desentiende el rol del Estado, el del Ministerio de Salud o el Fonasa, respecto a políticas públicas que garanticen el acceso. Se evita mencionar el hecho de que existen centros de salud a lo largo del país, los cuales deberían tener la responsabilidad de entregar los medicamentos de manera garantizada a la población.

Tomando en cuenta todas estas aristas, mientras no se plantee con seriedad el problema de los medicamentos en Chile, seguiremos estando obligados a sostener discusiones en el margen. Pesos más o menos en los precios, circulares que no exponen un problema de fondo. Ninguna de estas medidas apuntan a garantizar el acceso a medicamentos, entendidos como un bien que debe ser parte integral del sistema de salud y no un “commodity” más en el mercado.

Fuente: www.latercera.com